La política migratoria en Estados Unidos volvió a tensarse tras una acción legal desde el medio oeste. Illinois y la ciudad de Chicago acudieron a tribunales federales para frenar operativos migratorios que, aseguran, dañan a comunidades enteras y violan leyes locales vigentes.
La demanda apunta directamente a la administración del presidente Donald Trump. Las autoridades estatales sostienen que las agencias federales ejecutaron detenciones sin órdenes claras y desplegaron tácticas intimidatorias en zonas urbanas. Según el documento, estas acciones alteraron la vida cotidiana de miles de residentes.
Los gobiernos locales afirman que los operativos interfieren con políticas que limitan la cooperación policial en temas migratorios. Además, argumentan que el miedo generado redujo denuncias de delitos y el acceso a servicios básicos, lo que impacta la seguridad pública.
Demanda por operativos migratorios en Illinois
La demanda por operativos migratorios fue encabezada por el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, junto con el gobierno de Chicago. El recurso acusa al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE de actuar sin coordinación local y de ignorar garantías constitucionales.
Asimismo, Chicago reiteró que su estatus de ciudad santuario protege a residentes, no a delitos. En consecuencia, el gobierno municipal busca que la corte limite estas operaciones en su territorio.
Repercusiones políticas y legales
Por otro lado, la demanda se suma a litigios similares en otros estados. El conflicto evidencia una disputa creciente entre gobiernos locales y la política migratoria federal. También podría escalar a tribunales superiores.
De igual manera, especialistas anticipan que el fallo marcará precedentes sobre el alcance federal. Illinois concentra a más de dos millones de inmigrantes. Esa cifra explica el peso social y político del caso y el impacto directo de los operativos en el estado.
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